Investigación del Politécnico Grancolombiano advierte que la extorsión se consolida como una amenaza creciente para los caficultores del Huila, uno de los principales productores de café del país.

Una investigación académica sobre seguridad y economía rural reveló que la extorsión se ha convertido en una fuerte presión para el sector cafetero en Colombia y especialmente en el Huila. El estudio, liderado por Rodrigo Atehortúa Santamaría Docente Investigador del Politécnico Grancolombiano, analizó datos de 1.121 municipios entre 2014 y 2023. El informe, titulado “Café, Conflicto y Extorsión”, concluye que el cultivo de café se ha convertido en uno de los principales objetivos financieros de los grupos armados ilegales en varias regiones del país.

Según el análisis, las estructuras criminales aplican varias modalidades de extorsión contra los caficultores, entre ellas cobros por carga de café, cuotas periódicas y amenazas telefónicas. En muchos casos se exige una cuota fija cercana a los 50.000 pesos por cada carga vendida o incluso hasta el 10 % del valor total de la producción, lo que representaría alrededor de 220.000 pesos por carga, teniendo en cuenta el precio promedio del café en el mercado.

En municipios huilenses donde la caficultura es dominante, la presión criminal suele manifestarse en cobros por carga transportada, pagos por hectárea e intimidaciones telefónicas. La investigación documenta que siete de cada diez productores en zonas cafeteras del país han recibido llamadas extorsivas, pero menos del 15% denuncia, una tendencia que también afecta al Huila y que permite que el delito se perpetúe en silencio en las zonas rurales.

El Huila, que aporta cerca del 19 % de la producción cafetera del país, se convierte en un territorio atractivo para estas redes criminales. Municipios como Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata concentran buena parte de la presión extorsiva, mientras que en localidades como Rivera, Campoalegre y Palermo también se reportan casos. La investigación advierte además que menos del 15 % de las víctimas denuncia, principalmente por temor a represalias y desconfianza institucional en las zonas rurales.

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