El bloqueo que puso en jaque a las estaciones de combustible del sur del país, la protagonizó un ex vigilante de la empresa Terpel, que junto algunos miembros de su familia mantenían bloqueada la movilidad en la planta. Allí fue necesaria utilizar la fuerza pública para dar solución.

En diálogo con el Sistema INRAI, el secretario de gobierno de Neiva Ferney Ducuara, explicó que se agotaron todas las instancias de ley antes de utilizar la fuerza pública. Para las autoridades está claro que no se trataba de una protesta social, sino particular.

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Paralelamente, mientras esto sucedía en el Huila, el Gobierno nacional informó que desde el mes de agosto se incrementaría el precio del ACPM en el país. Dicho aumento en el combustible que mueve vehículos de carga, estaría sobre los 3 mil pesos inicialmente.

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