La reducción de 60 mil millones de pesos a la Defensoría del Pueblo para 2026 podría sacar del sistema hasta 30 defensores públicos en el departamento, afectando la atención jurídica gratuita de cientos de ciudadanos y aumentando el riesgo de congestión e impunidad.

Un recorte de 60 mil millones de pesos al presupuesto de la Defensoría del Pueblo para 2026 podría sacar del sistema entre 20 y 30 defensores públicos en el Huila, dejando en riesgo la atención jurídica gratuita de cientos de personas sin recursos. La reducción, confirmada por los propios defensores, llega en medio de retrasos en el pago de honorarios y una creciente congestión judicial que ya golpea al departamento.

Según, Carlos Pérez,  Defensor Público cada uno de ellos maneja cerca de 200 procesos mensuales, pero con menos personal esa carga podría subir hasta 400 casos por funcionario, una cifra imposible de atender con calidad. Según advierten, este colapso abriría la puerta a más impunidad, libertades por vencimiento de términos y procesos penales que podrían tardar 8 o 9 años en resolverse.

El golpe no sería para los funcionarios, sino para los ciudadanos más pobres que dependen de esta defensa para enfrentar casos de homicidio, secuestro y delitos sexuales. En el Huila crece el temor de que la justicia colapse y miles de procesos queden represados. La advertencia es clara: menos presupuesto hoy puede traducirse mañana en más impunidad y menos justicia para todos.

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