El Presidente Gustavo Petro infringió la Constitución al haber nombrado a su esposa como embajadora en Misión Especial y demandó la nulidad del decreto 0035 del 12 de enero por el cual dejó en firme la decisión.

También aseguró que, según los decretos que regulan las comisiones de empleados públicos y se definen los viáticos para ellos, “Verónica Alcocer no es servidora pública ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos”.

Se da en el marco de la investigación de La Silla sobre el séquito de Alcocer. El gobierno Petro paga un extravagante séquito de funcionarios que cuesta 1.000 millones de pesos. Desde maquillador personal, hasta fotógrafo profesional y su mejor amiga, reciben honorarios que van entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales por encargarse de su imagen, de su agenda y su compañía.

Y, con vacíos, Presidencia lo justificó. Aseguró que la esposa del presidente Petro desempeña labores para las que recibe asistencia administrativa, de seguridad y protocolo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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