La medida se tomó por que el Huila se encuentra desprotegido por las autoridades, facilitando que los miembros de grupos armados ilegales expandan.

Para proteger a los huilenses, la Fundación para el Estado de Derecho, interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Huila. Esta medida busca la captura, judicialización, desmantelamiento y desarticulación de los grupos armados ilegales que ejercen violencia.

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Lo que se busca es declarar vulnerados los derechos a la Paz y que se ordene un plan de que proteja a la población civil y contrarresten la expansión territorial de las estructuras al margen de la ley en el departamento vulneran las obligaciones constitucionales y legales de preservar la integridad del territorio.

Objetivo de la acción popular es solicitar al Tribunal que el Gobierno la adopción de un plan de respuesta urgente para garantizar el control territorial en el departamento del Huila, mediante la captura, judicialización, desmantelamiento y desarticulación de los grupos armados ilegales que ejercen violencia.

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