Según el denunciante, desde antes del inicio de la operación ya había advertido sobre el mal estado de la infraestructura en varias instituciones educativas, situación que, asegura, no fue atendida por la administración municipal pese a los riesgos que esto representaría para la salud de los estudiantes. Posteriormente, afirma que comenzaron acciones de acoso y retaliación en su contra durante el desarrollo del contrato.

 

 

Entre los hechos más graves, Obregón Guevara señala la presunta adulteración de documentos y registros fotográficos por parte de la supervisión del contrato, incluyendo alteraciones en fechas y horas, así como el uso de imágenes de años anteriores para hacerlas pasar como hallazgos actuales. Incluso, indicó que algunos productos señalados en los informes no corresponderían a su operación, lo cual —según él— estaría respaldado con certificaciones de proveedores.

 

 

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Bolsa Mercantil de Colombia, entidades ante las cuales el operador asegura haber entregado pruebas documentales. Mientras avanzan las investigaciones, el denunciante insiste en que no se quedará en silencio frente a lo que califica como un proceso irregular en su contra.

 

 

 

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