El programa, según dijo, se ejecuta en promedio solo tres o cuatro meses por año, lo que impide continuidad y verdadero impacto en indicadores como intentos de suicidio, consumo de sustancias y violencia escolar.
Huergo advirtió que se requiere una evaluación urgente del enfoque y mayor articulación intersectorial. “La salud mental no puede seguir siendo tratada de forma superficial ni limitada solo a población escolarizada”, afirmó, haciendo un llamado a llevar la estrategia también a zonas rurales y jóvenes no escolarizados. El diputado insistió en que la inversión social debe ser prioridad real y no un componente marginal del gasto público.
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