Esto debido a los procesos de demandas instauradas ante los estrados judiciales por los docentes catedráticos, vinculados en su mayoría a la universidad, quienes reclaman una liquidación distinta de sus prestaciones sociales pagadas por la universidad desde hace varios años, se han venido ordenando el establecimiento de medidas cautelares contra la institución, como el embargo de cuentas bancarias.

 



Son en total 13 cuentas bancarias embargadas, siete de ellas congeladas este año, como parte de estos procesos ejecutivos que datan desde 2016. Estas cuentas, contienen recursos propios que recauda la universidad y que son destinados al pago de los honorarios de contratistas, proveedores de servicios como aseo y vigilancia, y algunos docentes catedráticos, por lo que, al estar embargadas, no se puede realizar el cumplimiento de estas obligaciones.

 



La institución de educación superior, informó que se ordenó un plan de pago de estos pasivos litigiosos que ascienden a la fecha a más de 6.000 millones de pesos. Es así como el año anterior, se dispusieron para este fin, 1.000 millones de pesos, y para este año se tienen proyectados pagar más de 1.800 millones de pesos, asumiendo la obligación establecida por los tribunales, y que no había sido cancelados desde años anteriores.

 



El centro de estudios destacó, que no ha sido posible que sean descongeladas o desembargadas estas cuentas, debido a que estas solicitudes de embargo nacen por petición de las partes demandantes y los jueces de la república las hacen efectivas.

 

 

 

 

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