Desde Pitalito, Huila, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial Para La Paz (JEP)  verificó el estado de la implementación de las medidas cautelares que ordenó desde 2020 para proteger la vida de firmantes del Acuerdo Final de Paz.

 

 

La JEP convocó esta diligencia judicial en Huila por ser una de las zonas más críticas en materia de seguridad para los firmantes de paz. Los registros indican que 415 firmantes han sido asesinados en Colombia entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024.

 

 

El magistrado Alejandro Ramelli, habló sobre la ausencia del alto comisionado Otty Patiño e indicó: “Me parece una falta de respeto asistir a estas audiencias. Por un lado, dicen que están comprometidos con el Acuerdo y por otro, ni siquiera vienen a una audiencia que tiene que ver con esto”.

 

 

El Gobernador del Huila ratificó que su administración está comprometida con la construcción de la paz y en favor de la solución política, a las más de 250 mil víctimas que tenemos en el departamento”

 

 

El departamento cuenta con una población cercana a las 512 personas en reincorporación. En Huila, Putumayo, Caquetá y Tolima hay 2.406 firmantes, 112 de ellos y ellas han sido asesinados”: Alejandra Miller, directora de la agencia de reincorporación.

 

 

La Sección dio un plazo de 30 días hábiles a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final para que emitan la Política Pública de Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y su Plan de Acción e inicie su implementación.

 

 

 

 

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